Acampada en apoyo a las comunidades indigenas de JuJuy

"Venimos de la provincia de Jujuy, estamos asentados en distintos lados de la provincia. No pertenecemos a ningún partido político, no tenemos organización social ni barrial, nada por delante ni por atrás de nosotros. Somos un grupo de vecinos que hemos visto lo que ha pasado el día 28 de julio en Ledesma y no queremos que nos suceda lo mismo", así se presenta María Hoyos, sus compañeros, vecinos todos de distintas localidades de la Provincia de Jujuy, habitantes de asentamientos desde hace dos a cuarenta años, sin regularizar, con la misma urgencia de tierra y vivienda, salud y futuro. Desde el domingo 26, una veintena llegó a Buenos Aires en representación de 17 asentamientos, para pedir la propiedad de los lotes y denunciar la represión, aprietes y amenazas que, entre otras cosas, hicieron perder a María un embarazo de cinco meses. "Pero he dicho: no va a pasar otra vez, no va a quedar esto como que no pasó nada... Hoy ya no lo puedo recuperar, pero no puedo dejar que le pase algo así a alguien más. Eso es lo que me trae a mí particularmente hasta aquí Capital", confiesa entre lágrimas.

Su caso se cuela entre las miles de familias que se ven obligadas a ocupar terrenos fiscales y reclamar la regularización de la propiedad: no quieren que les regalen nada, avisan, sino comprar los terrenos en plazos razonables al propio gobierno provincial, que hace cincuenta años no lotea a favor de los más necesitados; mientras, cotizan a precios inalcanzables para estas familias (María confiesa que su sueldo y el de su compañero, juntos, apenas tocan los mil quinientos pesos), que en casos alquilan piezas, o casillas, con baño compartido ("compartido por veinte personas", aclara María). "No podés tener hijos, no podés decidir sobre tu manera de vivir, no podés pensar en crecer", enumera sobre las dificultades. Con el advenimiento del hijo, María se vio forzada a dejar su trabajo y los montos no dieron para seguir alquilando. Vieron la posibilidad de tener un terreno propio, ocupándolo, y reclamando junto a cuarenta familias que se los cedan. "En los papeles del inmueble figura que el terreno pertenece al gobierno provincial, ya que Ghisa se los donó para hacer un patinódromo". Sí, leyó bien: un patinódromo. Por años, el terreno cayó en desuso hasta que María y los suyos se animaron a ocuparlo. Ahora, en medio de un brote que alcanza a la provincia toda, con el problema habitacional consumado, el gobierno provincial recuerda al patinódromo.

A la interperie

La particularidad de la historia de María, y de los 17 asentamientos que enviaron representantes hasta Capital, es que no pertenecen a ninguna organización social ni partido político, lo que dificulta los reclamos.
Los que viajaron hasta Capital, dice María, están decididos a no participar del punterismo, argumento que María resume en la frase: "Queremos demostrar que con el trabajo se puede". Unos son docentes y la mayoría hacen limpiezas en casas, "pero no estamos dentro de agrupaciones. Somos vecinos que vimos todo lo que está pasando, nos pusimos la camiseta y vinimos a buscar algo para nosotros y para nuestros hijos", vuelve a aclarar. En lo inmediato, buscan proteger de atropellos los asentamientos que dejaron en sus provincias. Buscan que no se produzca otro suceso como el de Ledesma, con cuatro muertos, decenas de heridos. De hecho, María viene de recorrer el Congreso junto a Adrián Reyes, hermano de uno de los fallecidos, quien vino a reclamar el desplazamiento del juez que lleva adelante la causa: el actual que investiga esos crímenes es el mismo que ordenó el desalojo. Otras cosas que no se saben: "No han cambiado las cosas desde el 28 de julio, ha habido atropellos hacia los predios que están tomados, ha fallecido una chica embarazada con su bebé a causa de los golpes, y eso no se supo... Ha habido amenazas, represión, aprietes. Sin ir más lejos, nosotros en Monte Rico tenemos un miedo terrible porque dicen que van a ir a desalojar uno de los predios".

Para contar todo esto y más inauguraron una página web propia de los asentamientos. Duró apenas horas. "Nos la bajaron en dos horas, no pudimos entrar más", cuenta. El viaje a Capital se explica en ese sentido de difusión. Llegaron el domingo 25 por la madrugada; unos durmieron en Retiro, tirados, y otros en plazas, también tirados, ya que les prohibieron acampar. El lunes por la mañana fueron al Gobierno de la Ciudad para pedir el permiso: "Nos dijeron que no, que no podíamos, que el permiso se sacaba con veinte días de anticipación para poder acampar en Plaza de Mayo o en alguna otra plaza... Le pedimos al señor de Planificación y Urbanismo que nos dé un lugar para que no estorbemos o que nos permita acampar porque no teníamos cómo costearnos algo, y nos dijo que no, que Buenos Aires no tenía nada que ver y que vaya a la provincia de Jujuy a arreglar mis problemas...".

El diputado Gerardo Morales se acercó, en cambio, ofreciendo hospedaje y comida a María y sus compañeros. El hospedaje fue rechazado de antemano. La comida hacía realmente falta. La solidaridad (la comida) de Morales duró apenas dos días. Ahora, entonces, siguen durmiendo a la intemperie en Plaza de Mayo.

En Casa Rosada les recibieron los petirorios y dieron una respuesta: "Vinieron los voceros de la Presidenta, nos dijeron que ellos podían pagar el hotel para una o dos personas, que el resto levante y se vaya a Jujuy, si es que queríamos llegar a entablar alguna clase de relación con ellos... Que con la Presidenta obviamente no íbamos a poder hablar, pero sí con alguien que la represente. Pero la desconfianza está. Si nos vamos la mayorìa ¿qué garantías tenemos de que nos escuchen? Entonces seguimos esperando, y esperando...". La cuenta regresiva ya corre: "No tenemos los recursos, pero estamos dispuestos a aguantar hasta que alguien nos tenga en cuenta".

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María Hoyos
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