En Bolivia, desde el 15 de agosto mas de 2.000 indígenas, familias que representan a 34 pueblos originarios de tierras altas y bajas –con CIDOB y CONAMAQ como organizaciones matrices– caminan en la VIII Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad. Desde Trinidad, capital de Beni, al norte del país, hasta la sede de Gobierno en la ciudad de La Paz. Más de 600 kilómetros de recorrido y 3.500 metros de desnivel.
La Marcha Indígena fue disuelta con violencia por más de 400 efectivos policiales el 25 de septiembre, cuan do se cumplía el día 41 de la marcha. Más de 2.000 personas fueron disueltas y destacados dirigentes indígenas fueron detenidos. Como muestra de rechazo a esta represión, Evo Morales ha decidido suspender la construcción y la ha calificado de “imperdonable”.
La ministra de Defensa, Cecilia Chacón, presentó su dimisión irrevocable. Durante todo el recorrido, las mujeres encabezaron la marcha con contundencia y radicalidad. Algunas de ellas recorrieron el camino estando embarazadas. También caminaban niñas, niños y personas mayores. Durante el recorrido han muerto un bebé y un adolescente.
La intransigencia del Gobierno de Evo Morales contra la Marcha, con bloqueos policiales durante varios días, impidió el acceso de alimentos y agua. Además, ya antes de su disolución, se ha perseguido a organizaciones y dirigentes indígenas, se han reprimido las manifestaciones de apoyo y agudizado una fuerte campaña mediática de deslegitimación. Marchar pacíficamente
“Nosotros siempre hemos tenido esa característica de marchar pacíficamente. No queremos empeorar, queremos solucionar, por eso es que marchamos cada vez que tenemos que reclamar, porque de otra forma no podemos”, dice Juana, del pueblo sirionó. Ella anduvo en 1990 en la que fue la primera marcha indígena por los mismos caminos que hoy. Entonces dio a luz a una niña. En esa marcha, se consiguió la Titulación de Tierras Comunitarias de Origen (TCOs). Años después, volvió a marchar por una Asamblea Constituyente que dio lugar a la nueva constitución política del Estado boliviano. Hoy, ya abuela, vuelve a marchar porque ésta se respete.
El objetivo principal de la Marcha es la defensa del Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure, (TIPNIS), en la amazonía Boliviana, frente a la construcción de una carretera entre las localidades de Villa Tunari y San Ignacio de Moxos. El Parque Nacional Isiboro Sécure es reconocido como tal desde 1965 y se considera una de las áreas de mayor biodiversidad así como la reserva acuífera principal del país.
TIPNIS, territorio indígena
A su vez, como territorio indígena está titulado desde 1990 para tres pueblos originarios, chimán, yuracaré y mojeño. En total, 6.000 personas que viven en 64 comunidades. La constitución boliviana, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas garantiza a las comunidades el derecho a “ser consultados mediante procedimientos apropiados y en particular, a través de sus instituciones”, sobre todo cuando los recursos naturales ubicados en su territorio están en juego. Los pueblos del TIPNIS nunca han sido consultados.
En las comunidades del TIPNIS, sin carretera, se denuncia desde hace años el avasallamiento de tierras, el saqueo de recursos y la extracción ilegal de madera. Estas comunidades temen que la carretera facilite la invasión de los cultivadores de coca y la proliferación del narcotráfico, la entrada de empresas petroleras y de extracción maderera, algo que intensificará el pirateo y destruirá los diversos ecosistemas y la integridad de las comunidades indígenas hasta su desaparición. Se habla de “etnocidio” y de daños irreversibles.
El conflicto estalla hoy, pero la polémica en torno a la carretera no es nueva. La negativa de los pueblos indígenas, legítimos propietarios del territorio, generó que ningún Gobierno antes se atreviera a aprobar el proyecto ansiado por los grupos de poder (ganaderos, petroleras, empresarios agroindustriales y transnacionales). Sin embargo, en 2008, Evo Morales firmó el contrato en silencio. Dos años después convocó a los pueblos del mundo al Foro Mundial contra el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Los intereses tras el proyecto Bajo el discurso del “desarrollo”, la “integración nacional” y la conexión de departamentos (Cochabamba y Beni), el Gobierno ha empezado a construir.
La carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos forma parte de uno de los corredores interoceánicos de la Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana (IIRSA), un plan regional de infraestructuras para conectar en torno al transporte, energía y comunicaciones, que busca garantizar el transporte para la explotación de los recursos naturales en 12 países sudamericanos y de la Amazonia especialmente. Esto implica la construcción de hidroeléctricas, puentes, represas, carreteras que, según denuncian las organizaciones indígenas, están trayendo miseria y explotación a las comunidades donde se ubican.
La carretera por el TIPNIS es un tramo de un corredor más amplio para conectar comercialmente los océanos Atlántico y Pacífico, entre Chile y Brasil. Este país es el principal beneficiario de la carretera, que se lleva a cabo merced a un préstamo de 412 millones de dólares con el Banco Brasileño de Desarrollo Económico y Social. Este banco es conocido por la financiación de megaproyectos de un altísimo impacto social y ambiental.
La obra, asimismo, se ha adjudicado a la empresa brasileña OAS, con relaciones directas con el Gobierno de Dilma Rousseff. Esa empresa acumula innumerables denuncias por negligencia, impacto ambiental, corrupción, tráfico de influencias y explotación laboral. OAS ha ejecutado grandes obras tanto en Brasil como en otros países: las represas Iñambari en Perú y Baba Vices de Ecuador o el hospital de Rancagu en Chile, obras que han generado grandes movilizaciones sociales en contra. Al TIPNIS se suman fuertes intereses madereros y petrolíferos así como de explotación de tierras por industria agraria, ganadera y cocalera. La oposición a que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos atraviese el TIPNIS es la primera demanda de la Marcha Indígena, pero no es la única. Hay una lista inacabable de denuncias de expolio de tierras, explotaciones mineras y petroleras ilegales, incumplimiento de leyes y necesidades en educación y salud que afectan a tacanas, chimanes, chácobos, quechuas, mojeños, guaranís, yuracarés, sirionó, chiquitanos.
La trascendencia del conflicto es un debate de fondo que cuestiona los conceptos de desarrollo, Estado, sistema económico, social y cultural. En juego está la autonomía de los pueblos como conquista histórica y la diversidad cultural de Bolivia. Quienes marchan y la mayoría de quienes defienden la carretera, reconocen que pelearon y votaron por un presidente indígena. Decepción y enfrentamiento “entre hermanos”, que mantienen al pueblo boliviano en tensión. ORGANIZACIONES INDÍGENAS CONVOCANTES DE LA LA MARCHA DE LA TIERRA
La subcentral TIPNIS, principal convocante
Agrupa a 6.000 personas y 64 comunidades originarias que habitan el Parque Isiboro Sécure (TIPNIS). Son de las etnias chimanes, mojeños y yuracarés. La subcentral es propietaria del parque “tierra comunitaria de origen”. Viven de la caza, la pesca, la recolección y la agricultura.
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, CIDOB
Incluye a 34 los pueblos indígenas del oriente del país, “tierras bajas”. Los habitantes de la Amazonia y el Chaco son principalmente guaraníes, ayoreos, chiquitanos y trinitarios. Son etnias minoritarias y algunas no están integradas en el sistema capitalista. Defendieron el proceso de cambio y el Gobierno del MAS.
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qulasuyo
Sus siglas son CONAMAQ. Es una organización indígena, basada en autoridades y organización tradicional comunitaria, del altiplano y valles. Está compuesta por etnias quechua y aymara. Marchan junto a los indígenas del trópico, porque “la defensa de Tierra y Territorio nos une a todos y todas”, aseguran.
Central Obrera Boliviana, la COB
Es una organización histórica de los trabajadores bolivianos, fundada en 1952. Protagonista de las luchas de mineros y fabriles. Su dirección secundó el Gobierno del MAS. Apoyan la marcha, y convocaron una jornada de huelga el 28 de septiembre en apoyo a la Marcha Indígena.
Confederación de las “Interculturales”
Está formada por quienes eran llamados “colonizadores”. Son campesinos migrantes que se instalaron en nuevas tierras abiertas a la agricultura, tienen mucho peso en la producción de la hoja de coca. Evo Morales pertenece a este sector. Desde hace semanas bloquean la Marcha, con la permisividad del Gobierno.
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