lunes, 17 de octubre de 2011

MASIVO CORTE DE RUTA EN PURMAMARCA JUJUY

10  Octubre de 2011

Con la presencia de representantes de 92 Comunidades aborígenes integrantes del Pueblo Kolla de Jujuy, se desarrolla  por tiempo  indeterminado, un corte sobre las rutas nacionales nº 9 y 52, a la altura del cruce a Purmamarca, en la provincia de Jujuy,  hasta que el gobierno  provincial  entregue los títulos comunitarios de nuestras tierras. Exigimos que se cumplan nuestros derechos amparados en la constitución Nacional.

Han pasado más de 15 años de reiterados fracasos, desde que se iniciaron los diferentes programas para la entrega de títulos a las comunidades aborígenes  (PRATPAJ; PREDAJ; RETECI), y solamente se entregó un 15% del total de los títulos prometidos en el Gobierno de Fellner en el 2006 y algunos con graves irregularidades.

En el marco de nuestros derechos consagrados en el art. 75 inc.17 de la Constitución Nacional, y de la lucha incansable por la restitución territorial de nuestras comunidades de los Departamentos de Santa Catalina, Yavi, Cochinoca, Rinconada, Tumbaya, Tilcara y Humahuaca, y luego de haber agotado todas las instancias de diálogo con un gobierno provincial que sólo apuesta al avasallamiento de la gran minería, es que estamos presentes en la ruta para hacer escuchar nuestra voz.

El articulo 75 inc. 17 de la constitución Nacional reconoce "la prexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos";  "la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos"; así como "asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás interese que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones."

A pocos días del 12 de Octubre, el Gobierno de Jujuy nos sigue negando la Posesión Comunitaria de Nuestros Territorios, por lo TANTO LAS COMUNIDADES DE LA PUNA SOLICITAMOS:
 
-Entrega de los Títulos Comunitarios AHORA!!!! 
-Entrega de los remanentes de Territorios que fueron dejados a un lado del Programa PRATPAJ.
-Que el INAI dicte Resolución reconociendo la posesión de los Territorios.
-Que se respete la Decisión de las Comunidades sobre los Territorios en la Regularización.
-Una Ley de eximición del  impuesto a las Comunidades que ya tienen Títulos Comunitarios

Además repudiamos la fecha del 12 de octubre en reivindicación de la Resistencia y Lucha de Nuestros Pueblos por más de 500 años.
COMUNIDADES del PUEBLO KOLLA de JUJUY
Contactos telefónicos: 0388 - 154 859803;  0388- 154 122580; 0388 - 154 148747

enviado por  lorenazamora@argentina.com
reenvio de gonzalo.moyano@gmail.com

Acampada en apoyo a las comunidades indigenas de JuJuy

"Venimos de la provincia de Jujuy, estamos asentados en distintos lados de la provincia. No pertenecemos a ningún partido político, no tenemos organización social ni barrial, nada por delante ni por atrás de nosotros. Somos un grupo de vecinos que hemos visto lo que ha pasado el día 28 de julio en Ledesma y no queremos que nos suceda lo mismo", así se presenta María Hoyos, sus compañeros, vecinos todos de distintas localidades de la Provincia de Jujuy, habitantes de asentamientos desde hace dos a cuarenta años, sin regularizar, con la misma urgencia de tierra y vivienda, salud y futuro. Desde el domingo 26, una veintena llegó a Buenos Aires en representación de 17 asentamientos, para pedir la propiedad de los lotes y denunciar la represión, aprietes y amenazas que, entre otras cosas, hicieron perder a María un embarazo de cinco meses. "Pero he dicho: no va a pasar otra vez, no va a quedar esto como que no pasó nada... Hoy ya no lo puedo recuperar, pero no puedo dejar que le pase algo así a alguien más. Eso es lo que me trae a mí particularmente hasta aquí Capital", confiesa entre lágrimas.

Su caso se cuela entre las miles de familias que se ven obligadas a ocupar terrenos fiscales y reclamar la regularización de la propiedad: no quieren que les regalen nada, avisan, sino comprar los terrenos en plazos razonables al propio gobierno provincial, que hace cincuenta años no lotea a favor de los más necesitados; mientras, cotizan a precios inalcanzables para estas familias (María confiesa que su sueldo y el de su compañero, juntos, apenas tocan los mil quinientos pesos), que en casos alquilan piezas, o casillas, con baño compartido ("compartido por veinte personas", aclara María). "No podés tener hijos, no podés decidir sobre tu manera de vivir, no podés pensar en crecer", enumera sobre las dificultades. Con el advenimiento del hijo, María se vio forzada a dejar su trabajo y los montos no dieron para seguir alquilando. Vieron la posibilidad de tener un terreno propio, ocupándolo, y reclamando junto a cuarenta familias que se los cedan. "En los papeles del inmueble figura que el terreno pertenece al gobierno provincial, ya que Ghisa se los donó para hacer un patinódromo". Sí, leyó bien: un patinódromo. Por años, el terreno cayó en desuso hasta que María y los suyos se animaron a ocuparlo. Ahora, en medio de un brote que alcanza a la provincia toda, con el problema habitacional consumado, el gobierno provincial recuerda al patinódromo.

A la interperie

La particularidad de la historia de María, y de los 17 asentamientos que enviaron representantes hasta Capital, es que no pertenecen a ninguna organización social ni partido político, lo que dificulta los reclamos.
Los que viajaron hasta Capital, dice María, están decididos a no participar del punterismo, argumento que María resume en la frase: "Queremos demostrar que con el trabajo se puede". Unos son docentes y la mayoría hacen limpiezas en casas, "pero no estamos dentro de agrupaciones. Somos vecinos que vimos todo lo que está pasando, nos pusimos la camiseta y vinimos a buscar algo para nosotros y para nuestros hijos", vuelve a aclarar. En lo inmediato, buscan proteger de atropellos los asentamientos que dejaron en sus provincias. Buscan que no se produzca otro suceso como el de Ledesma, con cuatro muertos, decenas de heridos. De hecho, María viene de recorrer el Congreso junto a Adrián Reyes, hermano de uno de los fallecidos, quien vino a reclamar el desplazamiento del juez que lleva adelante la causa: el actual que investiga esos crímenes es el mismo que ordenó el desalojo. Otras cosas que no se saben: "No han cambiado las cosas desde el 28 de julio, ha habido atropellos hacia los predios que están tomados, ha fallecido una chica embarazada con su bebé a causa de los golpes, y eso no se supo... Ha habido amenazas, represión, aprietes. Sin ir más lejos, nosotros en Monte Rico tenemos un miedo terrible porque dicen que van a ir a desalojar uno de los predios".

Para contar todo esto y más inauguraron una página web propia de los asentamientos. Duró apenas horas. "Nos la bajaron en dos horas, no pudimos entrar más", cuenta. El viaje a Capital se explica en ese sentido de difusión. Llegaron el domingo 25 por la madrugada; unos durmieron en Retiro, tirados, y otros en plazas, también tirados, ya que les prohibieron acampar. El lunes por la mañana fueron al Gobierno de la Ciudad para pedir el permiso: "Nos dijeron que no, que no podíamos, que el permiso se sacaba con veinte días de anticipación para poder acampar en Plaza de Mayo o en alguna otra plaza... Le pedimos al señor de Planificación y Urbanismo que nos dé un lugar para que no estorbemos o que nos permita acampar porque no teníamos cómo costearnos algo, y nos dijo que no, que Buenos Aires no tenía nada que ver y que vaya a la provincia de Jujuy a arreglar mis problemas...".

El diputado Gerardo Morales se acercó, en cambio, ofreciendo hospedaje y comida a María y sus compañeros. El hospedaje fue rechazado de antemano. La comida hacía realmente falta. La solidaridad (la comida) de Morales duró apenas dos días. Ahora, entonces, siguen durmiendo a la intemperie en Plaza de Mayo.

En Casa Rosada les recibieron los petirorios y dieron una respuesta: "Vinieron los voceros de la Presidenta, nos dijeron que ellos podían pagar el hotel para una o dos personas, que el resto levante y se vaya a Jujuy, si es que queríamos llegar a entablar alguna clase de relación con ellos... Que con la Presidenta obviamente no íbamos a poder hablar, pero sí con alguien que la represente. Pero la desconfianza está. Si nos vamos la mayorìa ¿qué garantías tenemos de que nos escuchen? Entonces seguimos esperando, y esperando...". La cuenta regresiva ya corre: "No tenemos los recursos, pero estamos dispuestos a aguantar hasta que alguien nos tenga en cuenta".

Contacto:
María Hoyos
Teléfono 0388 155243743

lunes, 3 de octubre de 2011

ENTREVISTA A ALEJANDRO ALMARAZ, EX VICEMINISTRO DE TIERRAS DE BOLIVIA


Entrevista realizada el Martes 26 de Julio de 2011. Por parte del periodico quincenal Diagonal y que aparece en su numero 155.

El proceso de cambio en Bolivia está corriendo el grave riesgo de agotarse”
Como viceministro de Tierras en los primeros años del Gobierno de Evo Morales, Alejandro Almaraz fue uno de los principales impulsores de la distribución de tierras a campesinos e indígenas. Para este abogado, 25 millones de hectáreas repartidas y el fin del trabajo esclavo en el Alto Parapetí son dos de los principales logros de un proceso de transformación ahora en peligro de perderse. 
 


 
"HAY SERIOS INDICIOS DE RESTITUCIÓN DEL CAPITALISMO DE ESTADO, QUE EN ESTE PAÍS NO TIENE NADA NI DE NUEVO NI DE REVOLUCIONARIO"
 
DIAGONAL: ¿Hacia qué modelo económico se dirige Bolivia?
ALEJANDRO ALMARAZ: Se ha hecho ya célebre la contradicción del vicepresidente Álvaro García Linera, que primero defendió un “capitalismo andino” y luego un “socialismo comunitario”. Se habla bastante de socialismo, incluso se habla de este acercamiento doctrinario hacia Cuba y Venezuela. Pero lo que hay en realidad son serios indicios de restitución del capitalismo de Estado, que en este país no tiene nada ni de nuevo ni de revolucionario. Y lo que parece predominar como orientación doctrinal, sin poner las cartas sobre la mesa, es el nacionalismo revolucionario. Esta matriz ideológica inspiró el modelo de Estado y sociedad constituido con la revolución de 1952.
D.: ¿Se puede hablar de un cambio en relación a los gobiernos de los ‘90?
A.A.: Existen ciertas conquistas evidentes. Aunque sea formalmente hemos recuperado una empresa estatal de nuestro principal recurso estratégico, que son los hidrocarburos. La ley de hidrocarburos de Sánchez de Lozada establecía que [la petrolera estatal] YPFB no podría producir, entonces uno se preguntaba: ¿para qué sirve entonces? Ahora no produce en los hechos, pero formalmente tiene la misión de hacerlo. Ahora por lo menos podemos exigir al Gobierno que YPFB cumpla su misión.
"ES MÁS FÁCIL QUITARLE A TODO UN PAÍS SUS HIDROCARBUROS QUE QUITARLE A UN CAMPESINO SU TIERRA"
D.: ¿Y en relación al reparto de la tierra?
A.A.: Ésa es la otra conquista tangible, y a diferencia de los hidrocarburos, irreversible. Cotejando las experiencias mexicana y boliviana, que son historias que tienen mucho que ver, resulta que es más fácil quitarle a todo un país sus hidrocarburos que quitarle a un campesino su tierra. Lo que ha hecho este proceso es redistribuir la tierra que el anterior proceso revolucionario, de medio siglo atrás, había más bien concentrado, en las tierras bajas y en el norte del Bolivia. Mientras que aquí en los ‘50 y los ‘60 se distribuía la tierra, allá se la concentraba despojando de sus territorios tradicionales a muchos pueblos indígenas que hasta entonces los habían conservado gracias a la debilidad y la lejanía del Estado.
Lo que ha hecho este Gobierno es redistribuir esa tierra. Hasta diciembre del año pasado se han titulado en favor de indígenas y campesinos alrededor de 25 millones de hectáreas en todo el país. Como Tierras Comunitarias de Origen, que son propiedad comunitaria, inalienable, indivisible, de pueblos y comunidades indígenas, tenemos 16 millones de hectáreas. Cerca de cuatro millones como propiedad comunitaria, igualmente colectiva e indivisible, de comunidades campesinas que no se reconocen explícitamente como indígenas. De dos a tres millones como pequeña propiedad, individual del sector campesino. De todo eso, lo que efectivamente es redistribución es poco más de cuatro millones, entendiendo por redistribución que la propiedad o el dominio de la tierra pasa de unas manos a otras.
Son unos cuatro millones lo que se ha desapropiado. En primer lugar, a empresas madereras, que tenían esas tierras en régimen de concesión, que a efectos jurídicos es lo mismo que propiedad. Luego se expropió a terratenientes como los del Alto Parapetí cerca de dos millones de hectáreas. No hicimos una nueva ley agraria íntegra porque nos hubiera llevado más tiempo y hubiéramos corrido el riesgo de perder el momento político. Así que hicimos solamente una reforma parcial de la ley vigente, en 2006. Yo calcularía que con llegar a los 15 millones de hectáreas redistribuidas se habrá conseguido un resultado total.
D.: Una de las victorias recientes fue el caso de la distribución de tierras en el chaco.
A.A.: Ése es otro logro histórico. El llamado proceso de reconstitución territorial de la nación guaraní supone dotarle de la tierra suficiente para el reconocimiento territorial que le corresponde. Ya se ha abolido en los hechos el régimen de servidumbre que ha venido existiendo sobre muchas comunidades llamadas cautivas en el chaco cruceño y en el chaco chuquisaqueño. En el caso del chaco cruceño, en el Alto Parapetí, se ha aplicado el proceso de saneamiento. Esas 40.000 hectáreas han sido inmediatamente dotadas a esas mismas comunidades que de ser cautivos, serviles a la hacienda, han pasado a ser propietarios comunitarios de la tierra. Los beneficiarios son alrededor de unas dos mil personas en el Alto Parapetí.
"SE HA ABOLIDO EL RÉGIMEN DE SERVIDUMBRE SOBRE MUCHAS COMUNIDADES CAUTIVAS EN EL CHACO CRUCEÑO Y EN EL CHACO CHUQUISAQUEÑO"
D.: ¿Qué ha significado la inclusión en la Constitución del límite a la tenencia de tierras en 5.000 hectáreas?
A.A.: No necesitamos esa ley para redistribuir la tierra. Ya teníamos la disposición que dice que toda tierra en propiedad mediana o de empresa que no cumpla una función económico social debe ser revertida a dominio del Estado sin indemnización alguna. No importa si tienes cien o seis hectáreas, estás en la obligación de cumplir la función económico social, que es trabajo y producción en condiciones de sostenibilidad ambiental y compatibilidad con el interés público. Ya se han producido las primeras reversiones por insostenibilidad de la actividad agrícola. Puede haber propiedades que estén dentro de los límites de hectáreas que les pongas pero ser dañinas desde el punto de vista ecológico. O pueden ser, como es el caso del Alto Parapetí, muy productivas pero tener un costo social y humano muy alto, por la servidumbre de los guaranís. En el chaco hemos revertido predio con miles de cabezas de ganado por el hecho de que había peones en condiciones de servidumbre.
Ahora bien, ese límite es necesario, por otras dos razones. Una es la democratización económica porque funciona como dispositivo antimonopólico; la segunda razón son los motivos sociales, psicológicos y políticos. La virtud que ha tenido esta disposición fue hacerle decir al ciudadano boliviano en el referendum cuál es su posición frente al latifundio. Y el resultado fue que el 80% del electorado estaba en contra.
D.: Pero en el Congreso se aprobó la no retroactividad de la ley.
A.A.: Eso tiene una razón económica. Hubiéramos tenido que revertir alrededor de 5.000 predios productivos en Santa Cruz y sobre todo en el Beni, predios que cumplían esa función económico social. Ibamos a tener que revertir a un montón de gente que tenía un poco más de 5.000 hectáreas, pero que efectivamente estaban respetando la vocación de la tierra y estaban pagando salarios a sus trabajadores. Eso hubiera ampliado la situación de guerra civil hacia ese sector y por supuesto hubiera generado un serio problema de abastecimiento y especulación. Por eso lo hemos convertido en válido sólo para lo venidero y nadie va a ser tan estúpido de comprarse tierra superando el límite establecido por la ley. Es decir, va a cumplir una función disuasoria.
D.: Y se pusieron limitaciones a la propiedad estatal de la tierra.
A.A.: Eso es algo que me da una enorme satisfacción porque lo que vimos en la práctica es que las instituciones públicas tienen una gran cantidad de tierras. Y lo único que hacen con ella es corrupción. Miles y miles de hectáreas en manos de las fuerzas armadas o de las universidades públicas, que no producen nada, que no sirven para nada. Ya no puede ser que cada nuevo rector de la universidad vaya a La Paz a pedir tierras, cada nuevo comandante de una de las fuerzas vaya a pedir tierras. Lo que se ha establecido es el usufructo. Por razones muy bien fundadas, como proyectos productivos de especial importancia, el Estado puede darle tierra a una entidad pública por un tiempo limitado al desarrollo de ese proyecto. Cuando ese proyecto deja de funcionar esa tierra sin más trámite ni costo alguno vuelve a manos del Estado para su redistribución. El Estado plurinacional debería mantener al Estado como empresario en solamente aquellos puntos estratégicos donde se puede acumular los excedentes que puedan luego reinvertirse en esta ancha economía que tiene que ser la social comunitaria, sin exclusión tampoco del empresariado capitalista convencional, que puede tener lugar en esta economía plural... Eso sí, con condiciones, como no apropiarse de lo que le serviría al Estado o a la empresa comunitaria para prosperar.
D.: ¿Existe algún tipo de acompañamiento financiero a la reforma agraria?
A.A.: No existe. El gobierno no lo da, y mucho menos fortaleciendo al sujeto comunitario del proceso agrario, sólo reparte tractores. Es la misma omisión en que incurrió la reforma agraria del ’53, que daba la tierra pero no daba ni créditos ni asistencia. Por eso me irrita que se hagan los antioligárquicos criticando las subvenciones, que siguen siendo necesarias. ¿Acaso no competimos con productores de todo el mundo que también tienen subvenciones? Nosotros que somos los campesinos más pobres ¿no vamos a tener? Existe una enorme dificultad de aterrizar en procesos productivos concretos. Hay un fondo donde se ha venido acumulado el porcentaje del impuesto a los hidrocarburos que le corresponde al sector indígena. La plata acumulada ya ha superado los 150 millones de dólares y no la pueden gastar. Primero era porque no se ponían de acuerdo entre las diferentes confederaciones. Logramos ese acuerdo, hicimos el reglamento, el directorio... Pero después hicieron una norma tan complicada para asignar dinero a los proyectos que no han podido darle plata a ningún proyecto hasta ahora.
"ESTAMOS REPITIENDO EL CÍRCULO DE LA REVOLUCIÓN DEL ‘52. AHÍ TAMBIÉN HUBO UN PRIMER MOMENTO REVOLUCIONARIO. DESPUÉS LA REVOLUCIÓN FUE DERROTADA POR DENTRO"
D.: ¿Cuál es la relación actual entre el MAS y las organizaciones sociales?
A.A.: Estamos repitiendo el círculo de la revolución que ya tuvimos en el ‘52. Ahí también hubo un primer momento revolucionario: toda la tierra hacendada se redistribuyó, se nacionalizaron las minas y se les dio el voto a los indios y a las mujeres. Después la revolución fue derrotada por dentro y ya las conquistas pasaron a ser, por ejemplo, darles motos a los policías, uniformes... Está pasando lo mismo ahora. Ahora los logros son kilómetros de carreteras, empresas estatales, conexiones telefónicas... Todas esas cosas son necesarias, pero para eso no era necesario que mueran los compañeros en El Alto, ni en los bloqueos de caminos, no era necesario hacer una revolución, eso lo podría haber hecho Sánchez de Lozada o Jaime Paz Zamora. Con el neoliberalismo, crecimiento económico también hubiera habido.
D.: Tras las movilizaciones de los últimos meses, ¿cuál es la situación del proceso?
A.A.: Está corriendo el grave riesgo de agotarse no en un horizonte verdaderamente transformador, sino como decía, en una restitución del capitalismo del Estado. No es para eso por lo que hemos luchado a lo largo de las últimas dos décadas contra el Estado, que siguió siendo oligárquico y neocolonial pese a la revolución del ’52. No es para tener ingenios azucareros de propiedad estatal. No es para que el Estado se vuelva un nuevo terrateniente en el agro. No es para que tengamos un YPFB subordinado a las trasnacionales. No es para que la gente tenga que seguir subvencionando a las trasnacionales para que produzcan gasolina y diesel.
Pero, ¿cuál es la alternativa? Es el modelo social comunitario que está establecido en las constitución política del Estado, como base estructural de la sociedad del vivir bien. Y no queremos socialismo, ni soviético, ni de Chávez ni de Fidel, queremos la sociedad del Vivir Bien. Ahora, que eso se parezca tanto o cuanto al socialismo es un tema propio de quien tenga interés en estudiarlo, de los teóricos y los politólogos. Nosotros sabemos en términos básicos que iremos desarrollando a través de nuestras vivencias en qué consiste esa sociedad, ese modelo social comunitario. Consiste en una empresa comunitaria de amplia base social, efectivamente incluyente donde la gente a través de su organización social tradicional, ancestral o innovada finalmente sea dueña de los medios de producción, decida sobre el proceso productivo y también sobre el proceso redistributivo. Y que se reproduzcan las formas solidarias que ya existen y permitan una apropiación democrática del excedente, de la riqueza.

VIII Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad

En Bolivia, desde el 15 de agosto mas de 2.000 indígenas, familias que representan a 34 pueblos originarios de tierras altas y bajas –con CIDOB y CONAMAQ como organizaciones matrices– caminan en la VIII Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad. Desde Trinidad, capital de Beni, al norte del país, hasta la sede de Gobierno en la ciudad de La Paz. Más de 600 kilómetros de recorrido y 3.500 metros de desnivel. 

 
La Marcha Indígena fue disuelta con violencia por más de 400 efectivos policiales el 25 de septiembre, cuan do se cumplía el día 41 de la marcha. Más de 2.000 personas fueron disueltas y destacados dirigentes indígenas fueron detenidos. Como muestra de rechazo a esta represión, Evo Morales ha decidido suspender la construcción y la ha calificado de “imperdonable”.
La ministra de Defensa, Cecilia Chacón, presentó su dimisión irrevocable. Durante todo el recorrido, las mujeres encabezaron la marcha con contundencia y radicalidad. Algunas de ellas recorrieron el camino estando embarazadas. También caminaban niñas, niños y personas mayores. Durante el recorrido han muerto un bebé y un adolescente.
La intransigencia del Gobierno de Evo Morales contra la Marcha, con bloqueos policiales durante varios días, impidió el acceso de alimentos y agua. Además, ya antes de su disolución, se ha perseguido a organizaciones y dirigentes indígenas, se han reprimido las manifestaciones de apoyo y agudizado una fuerte campaña mediática de deslegitimación. 



Marchar pacíficamente
“Nosotros siempre hemos tenido esa característica de marchar pacíficamente. No queremos empeorar, queremos solucionar, por eso es que marchamos cada vez que tenemos que reclamar, porque de otra forma no podemos”, dice Juana, del pueblo sirionó. Ella anduvo en 1990 en la que fue la primera marcha indígena por los mismos caminos que hoy. Entonces dio a luz a una niña. En esa marcha, se consiguió la Titulación de Tierras Comunitarias de Origen (TCOs). Años después, volvió a marchar por una Asamblea Constituyente que dio lugar a la nueva constitución política del Estado boliviano. Hoy, ya abuela, vuelve a marchar porque ésta se respete.
El objetivo principal de la Marcha es la defensa del Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure, (TIPNIS), en la amazonía Boliviana, frente a la construcción de una carretera entre las localidades de Villa Tunari y San Ignacio de Moxos. El Parque Nacional Isiboro Sécure es reconocido como tal desde 1965 y se considera una de las áreas de mayor biodiversidad así como la reserva acuífera principal del país. 
 

 
TIPNIS, territorio indígena
A su vez, como territorio indígena está titulado desde 1990 para tres pueblos originarios, chimán, yuracaré y mojeño. En total, 6.000 personas que viven en 64 comunidades. La constitución boliviana, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas garantiza a las comunidades el derecho a “ser consultados mediante procedimientos apropiados y en particular, a través de sus instituciones”, sobre todo cuando los recursos naturales ubicados en su territorio están en juego. Los pueblos del TIPNIS nunca han sido consultados.
En las comunidades del TIPNIS, sin carretera, se denuncia desde hace años el avasallamiento de tierras, el saqueo de recursos y la extracción ilegal de madera. Estas comunidades temen que la carretera facilite la invasión de los cultivadores de coca y la proliferación del narcotráfico, la entrada de empresas petroleras y de extracción maderera, algo que intensificará el pirateo y destruirá los diversos ecosistemas y la integridad de las comunidades indígenas hasta su desaparición. Se habla de “etnocidio” y de daños irreversibles.
El conflicto estalla hoy, pero la polémica en torno a la carretera no es nueva. La negativa de los pueblos indígenas, legítimos propietarios del territorio, generó que ningún Gobierno antes se atreviera a aprobar el proyecto ansiado por los grupos de poder (ganaderos, petroleras, empresarios agroindustriales y transnacionales). Sin embargo, en 2008, Evo Morales firmó el contrato en silencio. Dos años después convocó a los pueblos del mundo al Foro Mundial contra el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Los intereses tras el proyecto Bajo el discurso del “desarrollo”, la “integración nacional” y la conexión de departamentos (Cochabamba y Beni), el Gobierno ha empezado a construir.
La carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos forma parte de uno de los corredores interoceánicos de la Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana (IIRSA), un plan regional de infraestructuras para conectar en torno al transporte, energía y comunicaciones, que busca garantizar el transporte para la explotación de los recursos naturales en 12 países sudamericanos y de la Amazonia especialmente. Esto implica la construcción de hidroeléctricas, puentes, represas, carreteras que, según denuncian las organizaciones indígenas, están trayendo miseria y explotación a las comunidades donde se ubican.
La carretera por el TIPNIS es un tramo de un corredor más amplio para conectar comercialmente los océanos Atlántico y Pacífico, entre Chile y Brasil. Este país es el principal beneficiario de la carretera, que se lleva a cabo merced a un préstamo de 412 millones de dólares con el Banco Brasileño de Desarrollo Económico y Social. Este banco es conocido por la financiación de megaproyectos de un altísimo impacto social y ambiental.
La obra, asimismo, se ha adjudicado a la empresa brasileña OAS, con relaciones directas con el Gobierno de Dilma Rousseff. Esa empresa acumula innumerables denuncias por negligencia, impacto ambiental, corrupción, tráfico de influencias y explotación laboral. OAS ha ejecutado grandes obras tanto en Brasil como en otros países: las represas Iñambari en Perú y Baba Vices de Ecuador o el hospital de Rancagu en Chile, obras que han generado grandes movilizaciones sociales en contra. Al TIPNIS se suman fuertes intereses madereros y petrolíferos así como de explotación de tierras por industria agraria, ganadera y cocalera. La oposición a que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos atraviese el TIPNIS es la primera demanda de la Marcha Indígena, pero no es la única. Hay una lista inacabable de denuncias de expolio de tierras, explotaciones mineras y petroleras ilegales, incumplimiento de leyes y necesidades en educación y salud que afectan a tacanas, chimanes, chácobos, quechuas, mojeños, guaranís, yuracarés, sirionó, chiquitanos.
La trascendencia del conflicto es un debate de fondo que cuestiona los conceptos de desarrollo, Estado, sistema económico, social y cultural. En juego está la autonomía de los pueblos como conquista histórica y la diversidad cultural de Bolivia. Quienes marchan y la mayoría de quienes defienden la carretera, reconocen que pelearon y votaron por un presidente indígena. Decepción y enfrentamiento “entre hermanos”, que mantienen al pueblo boliviano en tensión. 

ORGANIZACIONES INDÍGENAS CONVOCANTES DE LA LA MARCHA DE LA TIERRA
La subcentral TIPNIS, principal convocante
Agrupa a 6.000 personas y 64 comunidades originarias que habitan el Parque Isiboro Sécure (TIPNIS). Son de las etnias chimanes, mojeños y yuracarés. La subcentral es propietaria del parque “tierra comunitaria de origen”. Viven de la caza, la pesca, la recolección y la agricultura.
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, CIDOB
Incluye a 34 los pueblos indígenas del oriente del país, “tierras bajas”. Los habitantes de la Amazonia y el Chaco son principalmente guaraníes, ayoreos, chiquitanos y trinitarios. Son etnias minoritarias y algunas no están integradas en el sistema capitalista. Defendieron el proceso de cambio y el Gobierno del MAS.
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qulasuyo
Sus siglas son CONAMAQ. Es una organización indígena, basada en autoridades y organización tradicional comunitaria, del altiplano y valles. Está compuesta por etnias quechua y aymara. Marchan junto a los indígenas del trópico, porque “la defensa de Tierra y Territorio nos une a todos y todas”, aseguran.
Central Obrera Boliviana, la COB
Es una organización histórica de los trabajadores bolivianos, fundada en 1952. Protagonista de las luchas de mineros y fabriles. Su dirección secundó el Gobierno del MAS. Apoyan la marcha, y convocaron una jornada de huelga el 28 de septiembre en apoyo a la Marcha Indígena.
Confederación de las “Interculturales”
Está formada por quienes eran llamados “colonizadores”. Son campesinos migrantes que se instalaron en nuevas tierras abiertas a la agricultura, tienen mucho peso en la producción de la hoja de coca. Evo Morales pertenece a este sector. Desde hace semanas bloquean la Marcha, con la permisividad del Gobierno.